Siguen en campaña. ¿Quién gobierna?

Armando Salinas Torre

Apenas pasaron las elecciones del 5 de junio y este pasado fin de semana se reanudó la campaña electoral.

Sin duda alguna que gobernar y ser el líder del Estado no es una función compatible con estar permanentemente en campaña. Gobernar eficazmente significa resolver problemas del interés público.

Estar en campaña electoral permanente implica favorecer al partido gobernante, sin olvidar que los partidos políticos, por definición y esencia, representan sólo una parte política del Estado; en tanto que el interés público no siempre coincide con el interés de ese partido político. Ahí es donde se distingue un dirigente partidista de un jefe de Estado.

En las democracias constitucionales modernas, el jefe de Estado y los servidores de alto nivel deben sujetar su desempeño a la ley. El discurso del pueblo tiene sus límites en los principios constitucionales, como el principio de legalidad, que se encuentran, incluso, fuera del alcance de las mayorías.

Las mayorías no pueden eliminar los principios que legitiman a un Estado de una democracia constitucional. Esos principios se encuentran garantizados en términos generales, lo que conocemos como la ley y la legalidad, para evitar la arbitrariedad en las decisiones públicas o que dichas decisiones estén a disposición del libre voluntarismo del gobernante en turno o de su partido, aun cuando sea la mayoría.

La división de Poderes es otro de esos principios en los que descansa la legitimidad democrática de un Estado. En la medida en que se vulnere esa división, también se vulnera la legitimidad del Estado.

Cuando se vulnera el concepto de “ley” y la división de Poderes, por ejemplo, cuando se demanda de los jueces que resuelvan en un cierto sentido y se les amenaza con que la decisión no se justifique diciendo que la ley es la ley. En esos casos se pretende que la arbitrariedad u otros principios se coloquen por encima de la ley.

En el ámbito electoral, durante varias décadas los mexicanos nos dimos a la tarea de mejorar y pulir el sistema legal que regulan las campañas y procesos electorales, así como las instituciones que en forma autónoma organizara dichos procesos y, finalmente, tribunales que, conforme a criterios jurisdiccionales resolvieran en forma autónoma e independiente las diferencias que originara el sistema electoral en su conjunto.

Lamentablemente estamos siendo testigos de un régimen al que no le importa utilizar los escasos recursos públicos para hacer proselitismo, reservando la información del uso de los mismos bajo el pretexto de la seguridad nacional.

El pasado domingo se realizó el primer acto electoral en el Estado de México sin que se justifique en el marco jurídico electoral. Esta situación podría ser resuelta sin mayor problema aplicando la ley al caso concreto; sin embargo, en nuestro país se acusará la parcialidad de las autoridades electorales y del sistema en su conjunto.

Esta situación podría llegar a ser irrelevante para muchos, sin embargo, se trata de una perspectiva y una política que atraviesa todo el ejercicio de gobierno desde la cúspide del Estado, pues se hace uso político electoral del poder público por estar permanentemente en campaña electoral.

Por ejemplo, cuando el gobierno dice defender la política de prohibido prohibir, a pesar de que para garantizar la salud pública y prevenir los contagios por covid-19 se pedía que se prohibiera el acceso a espacios públicos sin el uso de cubrebocas. Ahora resulta incongruente que por cuestiones de salud pública se prohíba el uso de ciertos aparatos denominados cigarros eléctricos.

Por otro lado, existe un discurso que señala que lo que hacen los adversarios es ilegítimo, a pesar de que se justifique legalmente; sin embargo, se les aplica la ley con todo su rigor en caso contrario.

Esa política de incertidumbre legal nos tiene hoy con bajo crecimiento económico, alta inflación, a merced de las organizaciones criminales y con una tendencia a empeorar, no solo a nivel nacional sino internacionalmente.