Cuarta corcholata: ¿un militar?
Ruth Zavaleta Salgado
El artículo 82 de la Constitución establece en su fracción V que, para ser Presidente de la República se requiere: “No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección”. Ante esto y frente al discurso político del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, surge la duda: ¿Acaso hay una cuarta corcholata presidencial?
La inusitada participación del secretario en el debate público que se generó a partir de la militarización de la Guardia Nacional despertó las sospechas. No es la primera vez que el general se expresa en asuntos políticos, ya en otra ocasión, el 20 de noviembre, había generado polémica al convocar a los ciudadanos a sumarse a la cuarta transformación. Pero más allá de las suspicacias, cabe mencionar que se equivoca el secretario cuando acusa de “comentarios tendenciosos” las críticas que realizaron diferentes analistas políticos y comentaristas sobre las reformas inconstitucionales que aprobaron la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados y Senadores. No hay ninguna descalificación a las Fuerzas Armadas, sino a la decisión de convertir a la GN en un apéndice de éstas, además, con la agravante de que las reformas que se votaron a diversas leyes secundarias violan el artículo 21: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado (…)”.
Desde 1946 que el Estado mexicano dejó de ser gobernado por presidentes que emanaban del sector militar, no existe precedente de lo que está sucediendo: Que un presidente deposite en manos de las instituciones castrenses funciones metaconstitucionales. Es decir, por encima de lo que marca la Constitución, en el caso de la seguridad pública y ciudadana, el artículo 129 es muy claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)”. Tampoco existe antecedente de que fueran una empresa constructora, y mucho menos, del sector de la burocracia aduanal o de salud.
Como consecuencia de estos excesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente resolver varias acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y un amparo en revisión sobre la militarización de la seguridad pública. Tal y como lo analizó Integralia Consultores, a estos asuntos podría sumarse la impugnación del decreto del 9 de septiembre.
Pero, tal y como lo escribí en la semana pasada, el uso de las Fuerzas Armadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador parte de un cálculo político electoral. Todo lo que le sume popularidad al Presidente será aprovechado. Sin embargo, si bien es cierto, en este momento, las instituciones castrenses son las instituciones que gozan de mayor confianza ciudadana, políticamente es escandaloso y temerario que un secretario de las Fuerzas Armadas sienta que tiene poder para expresarse de la forma que lo hace. Los enemigos de la institución, dada la función de seguridad pública que les ha conferido el Poder Ejecutivo y Legislativo (de forma inconstitucional) son los criminales que, desde el fallido operativo contra Ovidio Guzmán, han optado por expresar su poderío con actos que, en otros países, sin rubor, podrían ser calificados como terroristas, porque los objetivos de la violencia homicida ya no son los integrantes de los grupos rivales, sino los ciudadanos, incluidas las mujeres embarazadas y menores de edad.
A propósito de las fiestas patrias, valdría la pena que el secretario de la Defensa supere el discurso político confrontativo y resalte sobre la biografía de algunos personajes de las FA, que tiempos atrás, fueron políticos progresistas. Tal es el caso del general Salvador Alvarado: “(…) fue un hombre de firmes convicciones libertarias, estudioso y de gran inquietud intelectual (…) residente de Cananea, apoyó a los huelguistas en 1906…”. Cuando fue gobernador de Yucatán (1915-1918): “(…) mejoró las condiciones de los henequeneros, expidió nuevas leyes para la buena administración (…) celebró el primer Congreso Feminista (…)”. Esto se puede leer en la página 103 del libro Por una democracia progresista, escrito por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuya presentación se realizará en próximos días en la Facultad de Derecho de la UNAM.
