Pero… ¿cuánto gana Loret? Costumbre de AMLO: violar las garantías individuales
OPINIÓN DE VERÓNICA MALO GUZMÁN
Verónica Malo hace una severa crítica en torno a la divulgación de sueldos de comunicadores como Carlos Loret de Mola por parte del gobierno de AMLO, a quien le acusa de persecución.
México se cae a pedazos y el narco controla gran parte del país, pero la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se ocupa (y ocupa los impuestos que los contribuyentes pagamos) en violar el secreto bancario dando a conocer sueldos y honorarios profesionales ingresados por Carlos Loret de Mola y otros varios periodistas, formadores de opinión y colaboradores de la plataforma informativa LatinUS.
Que el primer mandatario haya hecho costumbre esta práctica, no la hace menos ilegal. AMLO y su equipo de trabajo han violado reiteradamente las garantías individuales de diversas personas ligadas a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Existe ya, entonces, otra poderosa razón para que quienes se han visto señalados desde la mañanera de forma ilegal, demanden al mandatario y a quienes resulten responsables.
El día de ayer, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Jesús Ramírez y Pablo Gómez dijeron que no existía ninguna investigación conducida por la UIF contra Carlos Loret de Mola y otros periodistas. Independientemente de que —todo indica— están mintiendo (habrá que estar atentos a la columna de Peniley Ramírez en Reforma del próximo sábado), sus afirmaciones estuvieron seguidas por la difusión de información confidencial y protegida: los ingresos laborales (percibidos entre 2020 y 2024) de Loret de Mola y varios otros comunicadores. Esto es, más allá de que si lo que ganan los empleados de ese medio es mucho o poco, por ningún motivo el gobierno debería darlo a conocer al público.
LatinUS es una empresa constituida en Delaware, Estados Unidos (así como como Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, Visa, MasterCard o Walmart, entre muchas otras); debe cumplir con la normatividad financiera de esa entidad y las obligaciones fiscales correspondientes. Que el gobierno mexicano, a través de la UIF, investigue a esa específica compañía es su derecho, pero que publique los montos que invierte, gasta, paga esta, es violatorio de las leyes mexicanas y de las estadounidenses.
